Así no se hace patria

Por una parte, “La Procuraduría desiste de la acción penal en contra de los ex ejecutivos de Bancrédito”. Por otra parte, “El Ministerio Público, Félix Santana, se manifestó de acuerdo con la petición de prisión por arresto domiciliario, hecha por Vivian Lubrano, condenada a cinco años por participar en el fraude bancario de Baninter; porque según él, su estado de salud es delicado”. Ambas son noticias del pasado día 9 de octubre y la sociedad no entiende las razones.

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En el caso de Bancrédito, la decisión de desistir de la acusación, está fundamentada en que los querellantes han sido “resarcidos a plenitud en sus particulares intereses, originando la desaparición del presente expediente de la víctima de la infracción imputada” y también en que “todos y cada uno de los querellantes han otorgado desistimiento formal e irrevocable de sus acciones en contra de los imputados”.

Luego del desistimiento de los querellantes, ocurrido en el año 2006, la Procuraduría, interesada en perseguir la ofensa contra la sociedad, que como colectivo también fue víctima, mantuvo el caso logrando condenas de tres años en primer grado y posteriormente un aumento a ocho años de la pena, en el mes de septiembre pasado en la Corte de Apelación. Ahora, cuando los acusados recurren en casación la condena adversa de hace apenas un mes, la Procuraduría pierde interés en el caso y los acusados son dejados en libertad como si la sociedad no hubiera sido ofendida por sus acciones. Los mismos argumento que hoy esgrime la Procuraduría para desistir del caso, pudieron haber sido presentados dos años atrás, cuando los querellantes fueron resarcidos económicamente y desistieron de la querella.

Ocho jueces, tres en primer grado y cinco en apelación, encontraron motivos suficientes en el caso como para imponer sentencias de tres años en primer grado y ocho años en apelación y ahora resulta que la Procuraduría se desinteresa. ¿Qué ocurrió luego de la sentencia de la corte de apelación en septiembre pasado, que hizo variar el interés de la Procuraduría en el caso?

El segundo caso apela a cuanto de humanidad tenemos. Nuestras cárceles no son recintos apropiados para el desarrollo de la vida. Entendemos las razones de Doña Vivian Lubrano; pero solamente con la condición de que se le dé el mismo tratamiento a todos los reclusos del país, estaríamos en condiciones de aceptar los privilegios que por razones de salud, el Ministerio Público, dependencia de la Procuraduría General de la República, ya ha aceptado.

Si añadimos el caso de Ángel Lockward podríamos ver una tendencia en lugar de casos aislados.

El mensaje que se envía a la sociedad es el siguiente: No se puede ser pobre, y si se es rico, sólo hay que tener sumo cuidado con la voluntad de los jefes políticos de turno. Por lo demás, ¡que siga la pachanga!

El Centro Juan XXIII condena, enérgicamente, la actuación irresponsable y vergonzosa de la Procuraduría en los casos mencionados.

Así no se hace Patria.


Mario Bergés
m.berges@centrojuanxxiii.org
Centro Juan XXIII

Publicado en el Hoy del 2 de noviembre de 2008.
Las palabras en Itálicas no fueron publicadas.