Estamos en las vísperas de la puesta en marcha de la primera línea de un sistema de transporte rápido masivo, en la modalidad de tren subterráneo.
Una primera línea de Metro no va a resolver el problema de transporte de la ciudad, es más, prácticamente no se va a percibir la diferencia; pero si se aprovecha la oportunidad, podemos introducir cambios necesarios en la gestión del transporte público que sí pudieran mejorar la calidad del mismo y la población notaría inmediatamente la diferencia.
Actualmente la gestión de transporte público es muy deficiente porque adolece de males estructurales.
El clientelismo político, en una de sus versiones, entregó en concesión, sin límite de tiempo, las rutas de transporte público y esa debilidad sistémica del Estado Dominicano nos ha llevado a que cada ruta sea monopolio del que la opera, en perjuicio de los usuarios que son los más y que esperan un servicio que sea resultado de la libre competencia. El operador se siente propietario de la ruta que opera.
Otro de los males estructurales de nuestro sistema de transporte público es que el operador recolecta el importe del pasaje, lo que lo hace económicamente independiente.
Esa recolección del importe del pasaje unida al monopolio en la operación de la ruta fruto del clientelismo, dan como resultado que el operador, en los hechos, mantiene secuestradas las rutas y lo pone de manifiesto cada vez que exige mejores condiciones, llegando a poner de rodillas a un Estado débil y permanentemente tentado a sucumbir al clientelismo haciendo nuevas concesiones.
Esos dos males estructurales de nuestro sistema de transporte público son los mayores responsables de la baja calidad y la ineficiencia del mismo.
Existen otros muchos factores que influyen en la calidad del servicio de transporte, pero en todos los casos la solución a la eficiencia parte de establecer la propiedad Estatal de las rutas, de crear un mecanismo que permita la libre competencia de los operadores y de la existencia de un Estado regulador que garantice los niveles de calidad en el servicio brindado.
El Estado Dominicano tiene que aprovechar la coyuntura de la puesta en marcha del Metro para poner a funcionar un sistema integrado de transporte colectivo.
El primer paso sería retomar la propiedad Estatal de las rutas de transporte público y en tal virtud, darle a los transportistas un plazo prudente de seis meses para que adecúen sus empresas a los fines de participar en la licitación de las nuevas rutas propuestas. Esa licitación estaría abierta a todas las empresas interesadas en participar en la gestión de transporte público y que cumplan con los requisitos exigidos por el Estado Dominicano para tales fines.
Al mismo tiempo se crearía el mecanismo para que el importe de los pasajes sea recolectado por una institución, llámese AMET, OPRET, inclusive pudiera ser dada en conseción, la recolección del importe de los pasajes, a entidades privadas como bancos o telefónicas.
Con este esquema de propiedad de rutas Estatales y recolección del importe de los pasajes por una institución, se puede celebrar contratos con las empresas que resulten ganadoras del concurso de licitación de las nuevas rutas, bajo la modalidad de pago por kilómetro servido, no por cantidad de pasajeros montados.
Ese pequeño cambio en el marco jurídico de la gestión de transporte es la herramienta más útil al momento de perseguir la excelencia del sistema porque a partir de esos contratos se puede unificar bajo una misma normativa todo el sistema, haciendo exigencias de tipo de vehículo, frecuencias, exigiendo respeto a las vías dedicadas o exclusivas, etc; y la garantía del cumplimiento de esas exigencias la tenemos en el hecho de que quien les paga a los operadores de transporte es el mismo que les hace las exigencias, esto es, el Estado Dominicano. De manera que esos contratos pueden contener las exigencias y las penalidades económicas a que se exponen los transportistas de no cumplir con las mismas.
Bajo este esquema, la política de tarifas es un asunto que no concierne al transportista. El Estado, como recolector del importe de los pasajes, tendrá rutas deficitarias pero necesarias y otras que por la gran cantidad de usuarios generen superávit. De igual manera, si así lo desea, el Estado pudiera establecer tarifas especiales para estudiantes o para ciudadanos de la tercera edad o establecer rutas especiales para discapacitados.
Es bueno señalar que me consta que todos los estudios necesarios para establecer el sistema propuesto existen, lo que hace falta es voluntad política en esa dirección.
El momento no puede ser más oportuno.
Los operadores de transporte público están desacreditados ante la población. Las huelgas en el transporte público los colocan fuera de la ley ya que las mismas son tipificadas en el artículo 8 de la constitución como ilegales e inconstitucionales, en sus fechorías han llegado al extremo de cometer actos de terrorismo repudiables.
La ciudadanía espera ansiosa la acción protectora de un Estado en contra de tantos desmanes y abusos en el transporte público.
Un plan bien explicado a la población y expresado con firmeza contará con el apoyo de la ciudadanía.
No dejemos pasar la oportunidad.
Mario Bergés
Centro Juan XXIII
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