Esteroides políticos

Los dominicanos, fanáticos o no de Las Grandes Ligas, hacemos bien en prestar especial atención a lo que actualmente sucede con el tema de los jugadores que se apoyan en recursos no santos, y externos a ellos mismos, para descollar en una carrera deportiva deslumbrante, que deja tirados por el suelo a los competidores que se ciñen a la verdad de sus propios recursos y a la honestidad de sus esfuerzos.

Es necesario prestar atención porque algo similar está ocurriendo en este baseball político de nuestro patio.

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Vamos a ver dos casos de esteroides políticos que definitivamente elevan los promedios de quienes se benefician de ellos, pero no olvidemos que los que están a mano pelá, guamiando, van forzados.

Tomemos el caso de los importadores de carne de res. El tratado de libre comercio que mantenemos con Centroamérica y Estados Unidos establece que tenemos una cuota de importación de carne bovina, que para este año es de 1,400 toneladas. Esa cuota entra al país sin pago de impuestos aduanales, cualquier importación por encima de esa cuota tiene que pagar un 35% de arancel. Ahora viene el clientelismo anabólico, nuestro esteroide: La repartición de esa cuota no se hace proporcional al porcentaje del mercado que posea la empresa importadora, aunque como se verá, terminará siendo irregularmente así.

El procedimiento utilizado es el de asignar con algún criterio clientelista, asignaciones grandes a los clientes y asignaciones pequeñas a los no clientes. Los clientes, que son nuevos en el negocio, no tienen el mercado para colocar las asignaciones tan altas que han logrado y terminan vendiéndoselas a los que se han pasado la vida importando carne, por un porcentaje siempre menor del 35%.

El punto interesante es que la venta de esa carne no sale a nombre del importador tradicional sino del compañero metido a importador, de manera que con el tiempo el compañero llegará a ser un gran importador a base de esteroides.

El otro caso es el de los registros sanitarios. Años atrás, la empresa que deseaba obtener un registro sanitario para una medicina, es decir, una licencia para la comercialización de un medicamento, lo solicitaba y en menos de seis meses tenía su registro sanitario. Esa situación cambió a raíz de la publicación del presupuesto de PROMESE de mil doscientos millones de pesos en medicinas. A partir de ese momento miles de nuevos importadores de medicamentos se lanzaron a solicitar registros sanitarios para cuanto medicamento pudiera necesitar PROMESE. Los compañeros con esteroides lograban sus registros y los importadores tradicionales eran pospuestos para otra ocasión.

El punto interesante es que Salud Pública hace pruebas de los medicamentos que les someten, pero a partir de ahí no hay control. De manera que la multitud de empresas que solicitaron registros sanitarios de medicamentos, pudieran estarlos cambiando, persiguiendo el mejor precio, sin tomar en cuenta calidad.

Al igual que en Grandes Ligas, es bueno que sepan que con esteroides no se llega al Salón de la Fama.

Mario Bergés
Centro Juan XXIII
m.berges@juanxxiii.org.


Publicado en el Hoy de fecha 27 de febrero de 2009

Toy Jarto marcha contra la corrupción

Toy Jarto, movimiento de jóvenes que se integran a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, organizó una marcha el pasado 10 de enero.

La marcha partió del Baluarte del Conde, recorrió las calles de la Ciudad Colonial y terminó en la Plaza España, en donde se organizó el beso a la bandera, acto en desagravio por los indultos y por la corrupción impune que padecemos.

Parte del público asistente a la marcha, al finalizar en la Plaza España

Regalos de navidad

Diciembre fue un mes funesto para la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Los miembros de la Cámara de Cuentas, que es el organismo fiscalizador de las cuentas en donde se utiliza dinero público, cobraron una regalía navideña por encima de lo que le correspondía por ley. Afortunadamente la presión social fue tal que se vieron obligados a devolver el dinero, pero con esa acción dejaron ver sus intenciones y como no se ha producido ninguna renuncia debemos dejar establecido que en ese organismo no hay vergüenza y que tendremos que vigilarlos de cerca.

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Otro de los regalos de diciembre fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en un caso de inconstitucionalidad presentado por ante ella por un grupo de organizaciones de la sociedad que buscaba declarar inconstitucional un préstamo entre el Estado Dominicano y la empresa Sunland, por no haber pasado por la aprobación del Congreso. La SCJ se lavó las manos diciendo que los que elevaron el recurso de inconstitucionalidad no tenían calidad para hacerlo y que por tanto el recurso era inadmisible. Con esa sentencia, contraria a una jurisprudencia anterior de la misma SCJ, se le arrebató a las organizaciones de la sociedad civil el derecho de recurrir a la SCJ cuando entendieran que se había violentado, de alguna manera, algún precepto constitucional. La sentencia de la SCJ sirvió para dejar establecida la debilidad de nuestra justicia ante el poder político.

El último de los regalos navideños fue el de los indultos de que fueron objetos cinco ciudadanos convictos a quienes la justicia, luego de superar muchos escollos, había logrado imponer penas de hasta cinco años por delitos todos muy sensitivos y relacionados con la corrupción. El Presidente de la República, haciendo uso de una prerrogativa propia de su investidura, indultó a los convictos. Está por verse quién y qué obligó al Presidente a tomar el camino del indulto a pesar del alto costo político de esa decisión.

Todas esas son noticias funestas. Afortunadamente la sociedad dominicana no está dormida, está de pie y luchando. La semana pasada ha sido testigo de dos manifestaciones convocadas por organizaciones de jóvenes en contra de los tres casos que hemos comentado y todos los formadores de opinión en los medios de comunicación se han pronunciado también en contra de los mismos casos.

El asunto es simple: La Cámara de Cuentas, por el más mínimo sentido del pudor, no debió pagarse regalías navideñas que no le correspondían. Por su parte la Suprema Corte de Justicia no debió evacuar una sentencia contraria a una jurisprudencia anterior, porque una de las dos está equivocada. Y por último el Presidente no debió indultar a personas que recién empezaban a cumplir sus condenas y cuyos casos gravitan sensiblemente en el ánimo nacional.

De manera que si bien parece que se han salido con la suya, lo cierto es que ha sido a cambio de un alto costo político.

Para eso está la sociedad: Para que les cueste.

Mario Bergés
Centro Juan XXIII
m.berges@centrojuanxxiii.org

No más abusos en el transporte

El Metro de Santo Domingo iniciará en breve sus operaciones y es necesario que aprovechemos la ocasión para establecer un sistema unificado de transporte que cubra toda el área metropolitana de la ciudad de Santo Domingo.

Desde Villa Mella hasta el Malecón y desde Haina hasta Boca Chica, nuestra ciudad se moviliza actualmente en unidades destartaladas y bajo condiciones vejatorias. Con la puesta en marcha de nuestro Metro tendremos la mejor oportunidad para revertir esa situación de extrema indignidad.

La clave para establecer un sistema unificado de transporte, que obedezca a una misma normativa, que respete las leyes del tránsito, que de un trato cortés al pasajero, en fin, la clave para tener un sistema de transporte del primer mundo es hacer un ajuste en el marco jurídico que regula la operación del transporte público.

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Actualmente los operadores de transporte prestan sus servicios y reciben sus pagos directamente de los pasajeros. Las entidades reguladoras del Estado, encargadas de supervisar la operación, hacen sus intentos fiscalizadores pero no tienen una herramienta idónea sancionar a aquel transportista que la ha violentado.

El cambio en el marco jurídico que garantiza la excelencia del sistema consiste en colocar a la entidad reguladora Estatal entre el pasajero y el operador, de manera que el pago del pasaje pase por las manos de la entidad reguladora y sea ésta la que le realice el pago al transportista.

En la práctica ese modelo se logra haciendo que la ciudad, a través de alguna instancia apropiada, colecte el importe de los pasajes. Pasajes prepagados con tarjetas inteligentes, tokens, tickets, son todos métodos válidos para colectar el importe prepagado de los pasajes de la ciudad. La entidad reguladora puede, bajo esas circunstancias, celebrar contratos con empresas de transporte, en donde se establezca el pago por kilómetro servido, bajo condiciones de excelencia en el servicio. A partir de ese momento puede dedicarse a exigir el cumplimiento de las cláusulas contractuales, segura de tener en sus manos la herramienta que garantiza el cumplimiento de la norma y el retorno a la misma si es violentada, esto es, el control del pago a la empresa transportista.

En el año 2004, participando en un conversatorio en Funglode, cuando recién se iniciaba el proyecto del Metro, defendí el proyecto diciendo que podía no ser el momento oportuno para una obra de esa envergadura, que se podían alegar razones de prioridades; pero que la línea por donde caminaba el Metro era la más exclusiva de todas las posibles y eso garantizaba que la operación podía hacerse sin la invasión del carril por elementos ajenos al sistema, lo que garantizaba tiempos de viajes mínimos.

La primera línea del Metro es una realidad y debemos aprovecharla para dejar establecido el sistema: Ente regulador, normativa común a todos los transportistas y pago a los transportistas por kilómetro servido.

El trato digno que recibirá el dominicano en el Metro debemos extenderlo a todo el transporte público.

No es utopía, podemos hacerlo.


Mario Bergés
Centro Juan XXIII
m.berges@centrojuanxxiii.org


Publicado en el Hoy de fecha 12 de febrero de 2009

Los impunes favoritos

La Justicia dominicana ha tenido progresos notables, sobre todo después del Consejo Nacional de la Magistratura y la transformación del sector justicia; pero está muy lejos de ser ciega. En la práctica abre los ojos para ver a quien está juzgando y solamente los cierra para dejar de ver alguna culpa y favorecer de ese modo a un favorito. Esa afirmación no tiene pretensiones de ser una verdad demostrable con estadísticas fehacientes, aunque creo que podría ser demostrada, lo que si me atrevo a asegurar es que refleja la percepción que tiene la población de su Justicia: No es ciega, mira y deja de mirar a conveniencia.

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Como ejercicio preguntémonos ¿A qué sectores de la sociedad se les podría aplicar todo el peso de la Ley en República Dominicana?. La respuesta a esa pregunta sería, que la posibilidad de la aplicación de todo el peso de la Ley a un determinado sector de la sociedad, disminuye en la misma medida en que aumenta la cuota de poder del sector considerado.

Si hablamos del poder social diremos que es el que menor influencia tiene en las decisiones de la justicia, aún así, la frecuencia y gravedad de la aplicación del peso de la Ley a un culpable, aumenta en la misma medida en que disminuye la posición de ese culpable en la estratigrafía social y viceversa.

Al poder social le sigue en influencia el poder económico. A los sectores más empobrecidos se les aplica todo el peso de la Ley con muchísima mayor frecuencia y gravedad que a los sectores con mayor poder económico, en donde una sentencia condenatoria no pasa de ser una rareza.
El poder que mayor influencia tiene sobre la justicia es el político y aquí es donde llegamos a los impunes favoritos. El poder social y el poder económico han encontrado, aunque en muy pocas ocasiones, a una justicia firme, responsable y grave, como tiene que ser; pero la historia contemporánea dominicana no recuerda un solo caso en el que el poder político haya sido condenado y cumpliera condena.

Hemos tenido banqueros con poder económico y social que hoy están en Najayo, pero de 227 casos de corrupción presentados entre los años que van del 1983 al 2003, sólo una persona resultó condenado y tres meses después fue indultado.

Los recientes casos de la sentencia de la Sunland y el de la regalía de la Cámara de Cuentas, refuerzan el razonamiento que venimos desarrollando: En el ámbito político se encuentran los impunes favoritos.

Por eso, al presenciar los vergonzosos indultos de la semana pasada, a favor de personas sin poder político, tenemos que preguntarnos a quién o a quienes, dentro del ámbito político, están beneficiando realmente esos indultos. La pregunta sería quién y qué arrodilló al Presidente. En palabras de Borges, “Qué dios detrás de dios la trama empieza…”.

No basta la independencia de poderes, necesitamos responsabilidad y transparencia para que no tengamos impunes favoritos.


Mario Bergés
Centro Juan XXIII
m.berges@centrojuanxxiii.org

Publicado en el Hoy de fecha 1 de enero de 2009

¡Gobiernen bien!

El Centro Juan XXIII tiene una campaña que se ha hecho presente en vallas en la ciudad de Santo Domingo, en correos electrónicos que circulan en Internet y en pegatinas adheridas a vehículos que circulan en nuestras calles. La campaña dice: “¡Gobiernen bien!. El pueblo está atento”.

La campaña busca animar a los ciudadanos a participar exigiendo que los que nos gobiernen nos gobiernen bien.

La democracia es un lujo de sociedades en donde los ciudadanos ejercen activamente el rol de ciudadanía, cumplen con esmero sus deberes y exigen con igual esmero y con gran pasión sus derechos. Donde no existen ciudadanos dispuestos a participar y a ejercer su rol de ciudadanía no hay democracia porque los políticos no tienen una instancia que les ponga límites y el poder ilimitado no construye democracia.

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Veamos pues, que queremos decir con ¡Gobiernen bien!:

• Los ciudadanos eligen a sus gobernantes para que promuevan adecuadamente el bien común a través de la gestión gubernamental. El bien común no es para el beneficio de quienes ganaron una elección, el bien común es el bien de todos, sin exclusión alguna.

• La democracia no se limita a los procesos electorales, sino que comprende también la participación activa, organizada y constante de la sociedad en la construcción y conservación del bien común, fomentando la cultura cívica del diálogo y el respeto al funcionamiento libre y autónomo de las instituciones sociales y políticas.

• Es responsabilidad de gobernantes y de gobernados la promoción de la sana participación de la sociedad en el proceso de construcción de la democracia, el fomento de la transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas.

• El patrimonio de las instituciones públicas proviene de la contribución de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir la eficiencia, la transparencia y la pulcritud en el manejo de fondos públicos.

• Los servidores públicos tienen la responsabilidad no sólo de realizar bien su trabajo, sino de contribuir a su mejora permanente, elevando la calidad de la gestión y asumiendo las consecuencias de las actuaciones individuales, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, integridad moral, equidad y justicia.

Como vemos, la exigencia de que gobiernen bien es todo un plan de trabajo ambicioso, aplicable a todo el aparato del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Municipal.

El otro día, a raíz del natalicio de Duarte, le decía a un amigo que Duarte fue un dominicano con un sueño, que había hecho un compromiso con ese sueño y que había tenido el coraje, el carácter y el valor para no traicionarse nunca.

Me consta que los que actualmente nos gobiernan tuvieron un sueño y me consta que hicieron un compromiso con ese sueño. Gobernar bien tiene mucho que ver con tener el coraje, el carácter y el valor para no traicionarse nunca.

¡No se traicionen!.

¡Gobiernen bien!


Mario Bergés
Centro Juan XXIII
m.berges@centrojuanxxiii.org


Publicado en el Hoy del 5 de febrero de 2009