SANTO DOMINGO, 30 de noviembre de 2010
Más de 165 organizaciones de la Sociedad Civil preocupadas por la temática educativa decidieron conformar la Coalición Educación Digna, reclamando el 4% del PIB para Educación, y bajo paraguas de color amarillo con ese lema han permanecido en vigilia frente al Congreso, el Palacio Nacional y el Ministerio de Hacienda durante ya un mes completo. También han presentado un recurso de amparo contra el Congreso de la República a fin de dar cumplimiento a esta premisa. Dominicanos y dominicanas en todo el mundo están haciendo eco de este justo reclamo.
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El derecho a la educación está garantizado tanto en diversas convenciones internacionales, así como en la propia Constitución de la República Dominicana; sin embargo en la actualidad aún persisten grandes brechas para el acceso a una educación digna. Durante la década que está finalizando se mantiene una tasa de analfabetismo de más del 10%, el ratio alumnos por docente asciende a 58, las tandas de clase ocupan solo 2.30 horas, los últimos diagnósticos establecen que harían falta más de 11,000 aulas.
Esta situación no es nueva, por ello en el año 1997, al momento de sancionar la Ley Orgánica de Educación, se estableció que debería destinarse a la inversión en educación el 4% del PIB o el 16% del gasto público, el que fuere mayor. Sin embargo, en toda la década no ha superado el 2.5% del PIB, mientras que en igual período Latinoamérica promedió el 5% del PIB.
Próximamente en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, se discutirán las Metas Educativas 2021. Allí la República Dominicana asumiría nuevamente compromisos internacionales, eternamente incumplidos con respecto a indicadores básicos como es el acceso universal a la educación primaria, mejorar la calidad y fortalecer la docencia. Vemos en esto la oportunidad de que se observe la imperiosa necesidad de revertir las políticas de (des)financiamiento actuales.
Ahora bien, desde una perspectiva economicista del problema podría plantearse que el país no cuenta con recursos suficientes, pero esta premisa no es válida si se tiene en cuenta que en la década el PIB real de República Dominicana creció a un promedio del 5% -por lo que no se encontraría entre los “países pobres” que recibirían mayores ayudas-, mientras que la inversión en educación en términos reales se mantuvo constante.
Esta “ausencia de Estado” en la política educativa llevó a que por ejemplo en el año escolar 2009-2010 la educación privada cubría el 36% de los 10, 235 centros educativos existentes en el país, los cuales atendían el 25% de la matrícula estudiantil total. Cabe destacar que el colegio privado es utilizado cuatro veces más por los sectores pobres que por los ricos. De persistir esta situación, podemos afirmar que las brechas entre los sectores más empobrecidos y los más ricos será cada vez mayor, limitando así su acceso a la participación plena en la sociedad.
Por otra parte, desde una mirada educativa que incluya diagnóstico y propuesta, el país cuenta con un Plan Decenal de Educación 2008-2018, promovido por el mismo gobierno actual, así como han existido otros anteriores; todos ellos tendientes a solucionar estas brechas y que marcan los caminos a seguir para que la inversión sea destinada a factores críticos de cambios, los cuales van en el mismo sentido de lo que nuevamente se firmaría en Mar del Plata. Los planes fracasaron en sus objetivos finales por falta de inversión en el sector.
Ante la propuesta del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, y el Proyecto de Presupuesto 2011, en las que no se visibiliza una inversión a futuro para la educación que exceda el 2.4% del PIB, esta Coalición se levanta e invita a todos los sectores del mundo interesados en la educación a que se unan a esta justa lucha porque se respete la Constitución, la Ley y el Derecho de las personas a recibir una educación digna.
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