FALLAN A FAVOR DE COALICIÓN EDUCACIÓN DIGNA Y CONTRA LA POLICÍA NACIONAL
Santo Domingo, 02 de diciembre 2010.- La Coalición Educación Digna que lleva ya 38 días de lucha para lograr el 4% del PIB para Educación en el Presupuesto Nacional del 2011, logró este jueves hacer historia en el país, cuando el Tribunal Superior Administrativo y Contencioso acogió el recurso de amparo que prohíbe a la Policía entorpecer las manifestaciones pacificas y civilizadas de la Coalición Educación Digna frente al Palacio Nacional y otros lugares donde se encuentren.
El Tribunal acogió en todas sus partes el recurso de amparo elevado este miércoles por el sacerdote jesuita Mario Serrano, director del Centro Bonó, Mario Bergés, pasado Presidente del Centro Juan XXIII y Patricia Gómez de Copadeba en representación de la Coalición Educación Digna, quienes estuvieron representados por los abogados Nassef Perdomo Cordero y Laura Acosta Lora.
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El conocimiento del recurso fue aplazado ayer, hasta este jueves para permitir a la Policía preparar su defensa y tomar conocimiento de los documentos contenidos por el expediente de los solicitantes del amparo.
La Coalición Educación Digna pidió y obtuvo del tribunal proteger sus derechos constitucionales de libre expresión, libre tránsito e integridad personal, que entiende vulnerados por la Policía, cuyos agentes agredieron las manifestaciones pacíficas realizadas los días 29 de octubre y 5 de noviembre frente al Palacio Nacional, para demandar el cumplimiento de la Ley de Educación que establece una inversión presupuestaria para el sector equivalente al 4 por ciento del producto interno bruto (PIB).
De igual forma, solicitaron declarar ilícita la vulneración del derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y sin permiso previo; ordenar a la Policía que suspenda de manera inmediata cualquier acción presente o futura que vaya en detrimento de los miembros de la Coalición Educación Digna a manifestarse frente al Palacio Nacional o en cualquier otro lugar público; cumplir el mandato constitucional y legal de garantizarles el libre y pacífico ejercicio de sus derechos fundamentales cada vez que decidan hacer uso de los mismos y reconocer y garantizar esos derechos en todo momento y lugar.
“Lo que es más, está haciendo un uso ilegítimo y prohibido de los poderes que le otorgan la Constitución y la Ley. Al usar este poder no sólo en violación a estas normas jurídicas, sino también en contra de su objetivo fundamental, la Policía Nacional incurre en la violación del principio de delegación del poder soberano del pueblo (de los artículos 2 y 4 de la Constitución) y, por lo tanto, sus actos no se encuentran amparados por ningún tipo de legitimidad. Esto borra las barreras entre el ejercicio de las facultades y el delito”, expresaron los de la Coalición Educación Digna.
Los jueces que conocieron el caso son Yadira de Moya, Frinette Padilla y Julián Henríquez, de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.
La Coalición Educación Digna convoca a todo el país a unirse al Lunes Amarillo por la Educación este lunes 6 de diciembre.
www.educaciondigna.com
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