Desde el segundo miércoles del mes de octubre de 2015, el colectivo Poder Ciudadano inició una serie de movilizaciones, cívicas y pacíficas, protestando por la corrupción que se ha entronizado desde siempre en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Estas movilizaciones fueron declaradas por un Tribunal como “de todo Derecho en base a la Constitución de la República”.
Sorprendentemente, la respuesta del grupo gobernante del país fue desconocer el texto constitucional y establecer un “estado de sitio” permanente en los alrededores de la OISOE, ubicada justo al frente del palacio presidencial. La libertad de tránsito ha sido, desde entonces, restringida por allí en base al criterio de que “órdenes superiores” así lo imponen. La brutal represión no se hizo esperar y los vecinos de la zona hemos sido testigos de los abusos y las violaciones constitucionales ejercidas por numerosas tropas especiales de la Policía Nacional contra los manifestantes.
Ahora, con motivo de las navidades, el colectivo Poder Ciudadano decidió asumir una pausa en lo que resta del año 2015, en sus demandas que exigen sanciones contra la imperante corrupción en la OISOE. Ellos se proponen reflexionar internamente sobre la exitosa lucha cívica que han desarrollado durante diez semanas consecutivas.
Vistos estos acontecimientos, me permito sugerir al Poder Ejecutivo dominicano que aproveche esta pausa para, también, reflexionar sobre las consecuencias políticas y morales provocadas por su incumplimiento sostenido de la Constitución y las leyes que sus fuerzas represivas han mantenido al enfrentar las propuestas de Poder Ciudadano.
Desde que nací hace más de ochenta años he tenido como residencia formal el número 4 de la calle Moisés García, entre Doctor Delgado y Doctor Báez. Mi experiencia cuenta que sólo durante la ocupación militar de Estados Unidos en 1965 habíamos enfrentado un estado de sitio militar alrededor de nuestra residencia como la que ahora nos ha impuesto la Policía Nacional. Las tropas invasoras pusieron barreras, realizaban registros ilegales, cometían tropelías desconociendo, como invasores extranjeros que eran, las leyes y la constitución dominicana. Hoy, la Policía Nacional actúa como émulo de aquel ejército de ocupación.
La institución policial reedita a las tropas invasoras impidiendo el libre paso por esta zona, en nombre de unas “órdenes superiores” que anuncian supuestos peligros contra el lugar donde trabaja el presidente Danilo Medina y parte de su gabinete. La filosofía del miedo y la política del enemigo siempre presente se han hecho norma durante las 24 horas del día durante las diez semanas recientes. Todos esos abusos se cometen a nombre de “órdenes superiores” que sólo pueden suponerse emanadas desde la Presidencia de la República.
Hoy, en nombre de la Constitución y de las leyes de la República, la familia Hermann-Pellerano invita al Poder Ejecutivo a que, también, reflexione en torno a la ilegalidad de sus acciones y levante el estado de sitio al que nos tiene sometidos. Las “órdenes superiores” no pueden seguir prevaleciendo por encima de la Constitución y las leyes. La política del miedo y la paranoia permanente son buen caldo de cultivo para que uno de estos policías, amparado en “órdenes superiores” continúe desconociendo el juramento que hizo de “cumplir y hacer cumplir las leyes” y cometa un horroroso crimen político como los que en estos días tienen lugar.
Basta ya de mantener una guarnición policial en una zona residencial donde lo único que han logrado es reprimir a los manifestantes y producir basura e inquietud de los residentes en el área. Ni siquiera los ejemplares de los periódicos a los que estamos suscritos han podido sobrevivir a la permanente presencia de agentes policiales. El aburrimiento y la curiosidad de la mayoría de los agentes han roto la privacidad que cada quien merece tener en su propio hogar.
Tal como le expresamos personalmente a un General de la Policía Nacional que me visitó acompañado de cuatro oficiales superiores, las fuerzas que comanda debían estar a favor de los manifestantes porque la Constitución condena la corrupción y las fuerzas policiales, como agentes de la ley, debían defender a quienes reclaman transparencia y honestidad, no protegiendo a los corruptos.
Por todo lo antes dicho, la familia Hermann-Pellerano llama la atención del Poder Ejecutivo para que levante el inconstitucional estado de sitio al que tiene sometido a la zona donde residimos y honren las decisiones del Tribunal que avala la movilizaciones pacíficas a favor del cumplimiento de la honestidad que exigen las leyes y la Constitución de la República.
Jueves 17 de diciembre de 2015
-- Desde Mi iPhone
