El pasado día 12 de noviembre las juezas Sarah Altagracia Veras Almánzar, Ingrid Fernández Medina y Daira Cira Medina Tejeda, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, descargaron a la ex directora de Aduanas, Anisia Rissi Castillo y a 24 personas más, vinculados todos a un expediente instrumentado en diciembre de 1994, que los responsabilizaba de haber cometido un fraude por más de mil millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano.
La decisión del tribunal se produjo luego de que el Fiscal del Distrito, Alejandro Mosocoso Segarra, retirara la acusación como consecuencia de que las pruebas que le daban sustento habían desaparecido. La pieza clave de la prueba, una auditoría ejecutada por órdenes de la Dirección General de Aduanas, había sido sustraída del expediente y como explicó posteriormente Miguel Cocco, actual Director General de Aduanas, al momento de asumir el cargo en el 2004, ya también había desaparecido la auditoría de marras de la Dirección General de Aduanas.
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El 27 de abril de 1999 el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional emitió una Providencia Calificativa que enviaba por ante el Tribunal Criminal a todos los inculpados en este fraude. Es de suponerse que para esa fecha todavía existía la auditoría.
De manera que lo que se debe hacer es abrir una investigación para determinar los nombres de los funcionarios, tanto del área de la justicia como de la Dirección General de Aduanas, que tuvieron la custodia de la referida auditoría entre el 27 de abril de 1999 y el momento en que el actual Director General de Aduanas se percató de la falta de la misma, hecho que pudo haber sido a finales de 2004 o a lo sumo en el 2005 o 2006.
En ese pequeño grupo de funcionarios que custodiaron la auditoría en ese período de seis o siete años se encuentra la persona que sabe que sucedió y el nombre de los responsables, por comisión u omisión, de la desaparición de la misma. Si el Estado no realiza la investigación se hace cómplice, y da derecho a pensar que hubo un pacto para dejar impune, una vez más, un crimen contra la sociedad.
Estoy seguro de que un alto porcentaje de las personas que tuvieron en sus manos la auditoría, sacaron copia del documento.
Ahora queremos dirigirnos a esos dominicanos que tienen copia de la auditoría: lo ideal sería que se presentaran a la fiscalía con la copia y la pusieran en manos del Fiscal del Distrito para que éste movilizara la acción de la justicia; pero si no desean dar la cara, pueden sacar una dirección de correo electrónico con un nombre genérico, y enviar el documento vía e-mail. Si todavía no se sienten seguros, siempre queda la posibilidad de que un amigo en otro país sea quien saque la cuenta de correo electrónico y quien envíe el documento a toda la prensa nacional.
La impunidad es la madre de la delincuencia.
Mario Bergés
Centro Juan XXIII
m.berges@centrojuanxxiii.org
Publicado en el Hoy de fecha 3 de diciembre de 2008
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